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Elisa, cuyo nombre ha sido cambiado para protegerla, es una empresaria ecuatoriana de 41 años en una relación abusiva. Aunque casi la mitad de las mujeres ecuatorianas han experimentado este tipo de violencia al menos una vez en la vida, Elisa cree que el público en general no comprende realmente las relaciones abusivas. En una entrevista telefónica con Global Voices, explicó:

Me dicen ‘déjalo’, pero no funciona así. Los que no han pasado por esto no siempre entienden por qué es tan difícil dejar a una pareja abusiva, y estos comentarios solo me hacen sentir juzgada y dejar de contar lo que me está pasando. Intenté varias veces separarme de mi pareja, pero él se convirtió en el centro de mi universo. Por eso sigo con él a pesar de todo.

La gente me dice: “Déjalo”, pero no funciona así. Las personas que no han experimentado esto no siempre entienden por qué es tan difícil dejar a una pareja abusiva. Comentarios como ese solo me hacen sentir que estoy siendo juzgado y dejan de decir lo que está mal conmigo. Intenté varias veces dejar a mi pareja, pero se convirtió en el centro de mi universo. Por eso sigo con él a pesar de todo.

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Los tribunales de familia pueden imponer multas por violencia doméstica y tienen el poder de sacar a un cónyuge abusivo del hogar.[2]† Ecuador ha establecido unidades judiciales especializadas dependientes del Ministerio de Justicia con jueces especializados en violencia doméstica. Los abusos graves pueden remitirse al Ministerio Público para su enjuiciamiento.[3]†

La magnitud de la violencia doméstica es difícil de estimar debido a las diferentes definiciones de abuso y problemas de autoinforme en los estudios. En una encuesta de 2008, el 32,4 % de las mujeres de 15 a 49 años encuestadas dijeron haber sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja actual o anterior[4]† El motivo de justificación más común fue cuando la mujer “es o se sospecha que es infiel”, con un 29,9% de mujeres justificando golpear a la mujer en esta situación[5]†

La ley contra la violencia contra la mujer y la familia[6] Es la principal ley de violencia intrafamiliar ecuatoriana. Además, en 2014 entró en vigor un nuevo Código Penal que también aborda la violencia doméstica.[7]†

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Nos dirigimos a usted en vísperas de la 90° sesión del Comité de los Derechos del Niño y la adopción de una lista de temas antes de informar sobre el cumplimiento de Ecuador con la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta presentación incluye información sobre la violencia sexual y de género en las escuelas, las barreras a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, incluida la falta de educación sexual integral y la penalización del aborto, y las barreras a la justicia y al debido proceso, según una encuesta realizada por Human Rights Watch entre octubre de 2022 y junio de 2022.

La agresión sexual es un problema generalizado y de larga data en las instituciones educativas de Ecuador. Desde la evaluación de Ecuador en 2022 por parte del Comité de los Derechos del Niño, el Ministerio de Educación ecuatoriano ha realizado importantes esfuerzos para reconocer la magnitud de la violencia sexual que enfrentan sus instituciones educativas y tomar medidas.[1]† [1] Introducción de políticas vinculantes y pautas paso a paso para los funcionarios de educación en casos de agresión sexual, instrucciones a los funcionarios de educación para que informen los casos de inmediato e inspeccionen las escuelas públicas o privadas e intervengan, si es necesario, cuando las autoridades escolares no hayan tomado las medidas necesarias. . El Ministerio de Educación también lanzó una base de datos integral en 2022 para rastrear informes, investigaciones y enjuiciamientos del personal relacionado con la escuela culpable de agresión sexual.

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La violencia de género contra las mujeres sigue siendo generalizada en Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay. Se estima que solo en Perú, siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas.

El gobierno peruano está comprometido con la lucha contra la violencia contra las mujeres. Para ello, ha ratificado los acuerdos internacionales pertinentes y ha adoptado planes de acción y leyes nacionales de protección contra la violencia. Entre ellas se encuentran la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Además, Perú está comprometido con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, incluido el logro de la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En 2015, el gobierno peruano también aprobó una ley para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y familiares. Un plan de acción nacional que entró en vigor en 2022 está aumentando la cooperación con empresas privadas en la lucha contra la violencia.

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